La convocatoria Ni una menos,
disparada espontáneamente a través de las redes sociales después del asesinato
de Chiara Páez en la localidad de Rufino, Santa Fe, concitó la atención de todo
un país. No es para menos. Los casos se suceden unos a otros. El último año
hubo un femicidio cada 30 hs.
Dicho esto, y verificada la
masividad de la convocatoria, ¿quedaría algo por decir? ¿algo más que no sea
participar en la misma?
Y sí, queda algo.
Empecemos por la foto, una
nomás:
Estamos en el horno.
El jefe de gabinete también nos convoca.
El jefe
de gabinete de un gobierno que se opone a legalizar el aborto; impidiendo así
el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo: una forma de violencia
mayúscula.
El jefe de gabinete de un gobierno que tiene jueces de la corte suprema
acusados de alquilar departamentos para el proxenetismo (Zaffaroni),
intendentes procesados por abuso de menores e incitación a la prostitución (El
Bordo, Salta), diputados como Beatriz Rojkés que propone una declaración de
repudio a los femicidios mientras su marido gobernador impide la investigación
de un crimen de género (Paulina Lebbos).
También nos llama a participar Mauricio Macri (pueden buscar la foto
con el cartelito, debe estar). Su principal candidato en Santa Fe promueve la prostitución en
los spots publicitarios y el mismo Macri tiene en la ciudad miles de talleres
textiles “clandestinos” donde la mujer es explotada al máximo. Eso además de
vetar el protocolo para abortos no punibles en los hospitales de la ciudad.
Y siguen las firmas, nadie se quiere quedar afuera.
La Iglesia católica
(¡la iglesia!) rechazó por medio de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y
Paz casos de femicidio en Corrientes y reclamó: Ni una mujer menos, ni una
muerta más
¿Y entonces?
Y entonces hay que participar pero delimitándose de toda esta runfla de
miserables.
Ni una menos. Ni un derecho menos.
Vamos, todos, por todos los derechos avasallados de la mujer. Por el
derecho al aborto, a la educación sexual y a la provisión gratuita de
anticonceptivos, por el fin de la precarización laboral, por el desmantelamiento
de las redes de trata, por la separación de los policías y personal judicial
implicados en casos de discriminación hacia las mujeres.